Plataformas PMP y POP Urgen por Derechos Sanitarios y Sociales Efectivos para Mayores

Las organizaciones PMP y POP han emitido una declaración contundente, destacando la urgencia de garantizar que los derechos sanitarios y sociales de las personas mayores sean una realidad tangible. Han puesto de manifiesto cómo las brechas digitales, la fragmentación de los servicios y las demoras asistenciales impiden una atención justa y centrada en el individuo, especialmente para aquellos que más lo necesitan.

Organizaciones Exigen Medidas Concretas para Proteger a la Población Mayor y Vulnerable

En mayo de 2026, la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP), en conjunto con la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), han alzado su voz para demandar a las administraciones públicas la implementación de acciones que aseguren el ejercicio pleno y efectivo de los derechos sanitarios y sociales. Este llamado se centra en los colectivos más vulnerables, incluyendo a las personas mayores, individuos con discapacidad y pacientes con enfermedades crónicas, quienes a menudo encuentran obstáculos en el acceso a la atención, la continuidad asistencial, los cuidados adecuados y la participación activa en las decisiones que afectan su salud.

Ambas plataformas han denunciado que, a pesar de que la legislación nacional y autonómica reconoce ampliamente los derechos de los pacientes, su aplicación práctica es deficiente e inconsistente. Esta situación genera desprotección y menoscaba la autonomía personal de miles de ciudadanos. Entre las principales barreras identificadas se encuentran la desigualdad entre territorios, la desconexión entre los sistemas sanitario y social, la creciente brecha digital y la insuficiente participación de los afectados en la toma de decisiones.

El informe 'Observatorio de la Atención al Paciente 2025' de la POP subraya cómo la brecha digital restringe el acceso de las personas mayores y aquellos con enfermedades crónicas o discapacidad a herramientas y servicios sociosanitarios esenciales. Además, revela que, a pesar de las iniciativas en algunas comunidades autónomas para pacientes mayores o con cronicidad compleja, las mujeres con enfermedades crónicas son el grupo con menor cobertura específica, a pesar de soportar una mayor carga de cuidados.

Por su parte, la PMP ha enfatizado las barreras estructurales que impiden a los mayores ejercer sus derechos como pacientes, destacando las largas listas de espera, la fragmentación de la atención y una digitalización acelerada que a menudo resulta en exclusión y dificultades adicionales. La brecha digital, en particular, limita el acceso a la atención sanitaria, la información y los sistemas de cita, afectando especialmente a aquellos con menor alfabetización digital o problemas de accesibilidad.

La PMP también ha resaltado que la mayoría de los mayores conviven con una o varias enfermedades crónicas, lo que requiere un sistema sanitario que garantice un acceso ágil a los servicios, continuidad asistencial, coordinación sociosanitaria y un enfoque que ponga a la persona en el centro, más allá de la mera patología. En el contexto de la digitalización, la POP insiste en que la innovación tecnológica solo será beneficiosa si va acompañada de transparencia, alfabetización digital y supervisión humana, tal como se desprende de su informe ‘Inteligencia Artificial en salud: Perspectivas de pacientes y familias’ de septiembre de 2025.

Finalmente, ambas organizaciones han hecho un llamamiento urgente a las administraciones y al sistema sociosanitario para asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de pacientes y mayores, mejorar la accesibilidad y la equidad territorial, reducir la brecha digital, impulsar una atención integrada, apoyar a los cuidadores y, fundamentalmente, incorporar la voz de los pacientes y mayores en la planificación y evaluación de las políticas públicas.

Es esencial que la sociedad y las instituciones reconozcan el valor y la dignidad de cada individuo, especialmente de aquellos que han contribuido tanto a nuestra comunidad. La atención a las personas mayores y vulnerables no es solo una cuestión de derechos, sino un reflejo de nuestra humanidad y de nuestro compromiso con una sociedad equitativa y solidaria. La implementación de políticas públicas que atiendan estas demandas es un paso crucial hacia un futuro más justo para todos.