La Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) ha recibido con entusiasmo el reciente acuerdo alcanzado con la Generalitat de Catalunya. Este pacto sienta las bases para un nuevo modelo de cálculo de tarifas, diseñado para impulsar una equidad salarial significativa entre los profesionales del sector social. El acuerdo marca un hito importante en la reivindicación de años por parte de la patronal para dignificar la labor de quienes cuidan a las personas dependientes.
En mayo de 2026, la Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) y el Gobierno de la Generalitat de Catalunya formalizaron un acuerdo pionero que busca transformar el panorama salarial en el sector social. Este pacto introduce una metodología innovadora para la determinación de tarifas, la cual integra el salario promedio de los trabajadores de cada institución y el salario mínimo de referencia establecido en Catalunya. Además, se implementa un sistema flexible de tres escalas tarifarias (A, B y C), permitiendo a las entidades adherirse a la que mejor se ajuste a su realidad.
Cinta Pascual, presidenta de ACRA, enfatizó la magnitud de este logro, calificándolo como un avance crucial para la valorización del sector de la dependencia. Subrayó que esta medida lo posiciona al nivel que merece como servicio esencial. Pascual destacó que, a diferencia de los aumentos salariales lineales del pasado, este nuevo enfoque busca establecer incrementos más estructurados y sostenibles, promoviendo que una tarifa máxima se traduzca en salarios máximos para los profesionales.
Desde ACRA, se recordó que este acuerdo es el fruto de una persistente campaña por la equiparación salarial, que incluyó iniciativas como “mismo trabajo, mismo salario” y una colaboración continua con diversas instituciones y grupos parlamentarios.
Para la patronal, este avance es fundamental para asegurar la retención de talentos en el sector, enfrentar la escasez de personal cualificado y garantizar la excelencia en la atención a las personas dependientes. Sin embargo, ACRA también advierte sobre la importancia de definir con precisión los detalles de la implementación, como la formalización de un acuerdo marco que fije un salario mínimo sectorial y la garantía de las asignaciones presupuestarias necesarias para los próximos años. Pascual instó a las administraciones, entidades y profesionales a colaborar estrechamente para consolidar este acuerdo y asegurar su éxito a largo plazo.
Este acuerdo no solo representa un paso significativo hacia una mayor justicia salarial, sino que también subraya la importancia de la colaboración entre las entidades del sector social y las administraciones públicas. La dignificación del trabajo en la dependencia es un pilar fundamental para construir una sociedad más justa y equitativa, donde la calidad de la atención a los más vulnerables esté garantizada. Este logro debe servir de inspiración para otros sectores, demostrando que el diálogo y la perseverancia pueden llevar a cambios estructurales positivos que benefician a toda la comunidad.